Ante la disyuntiva de congelar tarifas para mantenerse competitivos en las elecciones de octubre, pero no tener los recursos suficientes para subsidiar a las empresas a modo de compensación, el Gobierno decidió autorizar un recorte de las inversiones.
En el anuncio del plan primavera a mediados de abril Macri había decretado que el Estado absorba el costo de los aumentos correspondientes de gas y electricidad del resto del año.
Sin embargo, la reciente devaluación disparó el importe de los subsidios necesarios para girar a las distribuidoras, lo que tornó imposible que ese dinero salga de las arcas del estado.
A modo de ejemplo, en el caso del gas el costo fiscal representó unos $4.500 millones solamente para la primera revisión tarifaria del 2019, cifra que se calcula que debería duplicarse por la postergación del segundo aumento del año para enero del 2020.
Eso dejaba al gobierno sin margen fiscal alguno para por lo menos intentar cumplir con las metas impuestas por el FMI, que ya se veían seriamente comprometidas por la baja del IVA, Ganancias y los pagos extras para trabajadores.
«El Estado Nacional se encuentra llevando adelante un programa de convergencia al equilibrio fiscal que le impide, en esta oportunidad, hacer frente a la compensación que implicará el diferimiento de tal ajuste», reconoce en el Boletín Oficial.
«Por ello, y para el mantenimiento de la ecuación económico financiera de los contratos de licencia», consideraron que «la vía más apta consiste en la readecuación de las obligaciones de las licenciatarias de transporte y distribución de gas, esencialmente aquellas que impliquen inversiones obligatorias a su cargo, sin que ello afecte en modo alguno sus obligaciones frente a los usuarios abastecidos».
En consecuencia, el Enargas deberá estudiar dentro de un plazo de 30 días las propuestas de las empresas distribuidoras «respecto de los programas de inversiones obligatorias comprometidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
