Una pericia oficial de la Corte Suprema de Justicia demostró la falsedad montada por el gobierno para mantener detenidos a los dueños de C5N, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por lo que se estaría en el punto de partida de la más que probable caída de la operación que llevó a la cárcel a los propietarios del multimedio.
En este caso, se trata de la causa por la supuesta defraudación de la petrolera Oil Combustibles, por lo que al haberse incorporado esa pericia, se pone en tela de juicio todos los pilares sobre los que se sostuvo la acusación de la AFIP contra el ex titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray, además de López y De Sousa.
Según revela hoy Ámbito Financiero, en las conclusiones, los contadores indicaron que el monto adeudado por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) nunca fue de $ 8.000 millones, sino que se trata de una cifra mucho menor, alertando además que a diciembre de 2015 no existía deuda exigible, y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados.
En cambio, los expertos destacaron también que una serie de disposiciones del titular de la AFIP, Alberto Abad, apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento. Es más, con los activos de la empresa liquidados tras su quiebra, el organismo recaudados todavía no consiguió cobrarse el dinero de los impuestos adeudados.
Por orden del Tribunal Oral Federal N°3, la pericia que conforma la denominada instrucción suplementaria -que nunca había sido realizada con anterioridad por el juez Julián Ercolini durante la investigación- fue incorporada como prueba al juicio días antes de la feria.
Su relevancia radica en que es la primera pericia externa que se incorpora a un expediente judicial seguido contra ex funcionarios, donde hasta ahora los proveedores de información habían sido distintos organismos del Estado dependientes en mayor o menor manera del Poder Ejecutivo, tales como la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina Anticorrupción (OA) o la propia Vialidad Nacional.
López y De Sousa, dueños del Grupo Indalo (C5N y Radio 10, entre otros medios), están acusados de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles.
Fue puesto en prisión preventiva en diciembre de 2017 por sucesivas maniobras para entorpecer la investigación. En marzo de 2018 quedó en libertad tras un fallo de la Sala I del tribunal de apelaciones, que revocó la prisión preventiva.
Esa decisión fue invalidada por el Máximo Tribunal Penal (la Cámara de Casación), por lo que un mes más tarde debieron volver al penal de Ezeiza.
Días atrás, De Sousa denunció ante la jueza María Servini de Cubría que fue el mismísimo Mauricio Macri, en persona, quien planteó poner los medios del Grupo Indalo (C5N y Radio 10) al servicio del objetivo de encarcelar a la ex presidenta Cristina Kirchner.
De esta manera, el empresario detalló cómo presionó el presidente de manera extorsiva, para que el grupo de medios cambie su línea editorial para perjudicar a CFK.
Fuente: Info135
