Human Rights Watch condenó la embestida contra Ramos Padilla

La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch condenó el pedido que hizo el Gobierno para remover al juez federal Alejo Ramos Padilla ya que “atenta contra la independencia judicial”. A raíz de la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alesio, el juez de Dolores investiga una red de inteligencia ilegal que alcanza a legisladores, funcionarios y periodistas. El llamado de atención de la ONG se refiere al pedido que hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano, para remover a Ramos Padilla por “deberes de imparcialidad y reserva”.

Para Human Rights la solicitud del Gobierno no muestra “motivos convincentes” para justificar que se inicie una investigación contra el magistrado, lo que hace pensar en algún tipo de “represalias”. “Cualquier juez puede ser investigado cuando haya una causa que lo amerite; sin embargo, el Gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo. “Por el contrario, pareciera que el Gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”, agregó el dirigente.

Durante su presentación en el Congreso, Ramos Padilla describió el curso de la investigación penal iniciada contra D’Alessio, que se hacía pasar por abogado, por presuntos hechos de extorsión. Según informó Ramos Padilla las pruebas indican que D’Alessio realizó “operaciones de inteligencia” para extorsionar a ciertas personas con el fin de que confesaran delitos o implicaran a otros.

El juez de Dolores sostuvo además que estas declaraciones obtenidas mediante extorsión eran utilizadas después por jueces y fiscales para presentar cargos penales. Las comunicaciones interceptadas a D’Alessio implicarían hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien según la evidencia presentada “mantenía un vínculo” y le daba «indicaciones» igual que con otros diputados de Cambiemos.

Tras la presentación del juez en el Congreso, Garavano impulsó el pedido de juicio político a Ramos Padilla por “divulgar pruebas” algo que violaría el Código Penal. Esas pruebas, sin embargo, ya habían sido difundidas cuando el Centro de Información Judicial difundió el procesamiento de D’Alessio.

“Los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar, denunciaron desde Human Rights. Desde el organismo sostuvieron que escucharon la audiencia de Ramos Padilla y no coinciden con el planteo del Gobierno que calificó la disertación como con “falta de ecuanimidad”.

Para HRW la presión hacia Ramos Padilla vulnera los estándares internacionales para una justicia independiente e imparcial. “Los jueces no deberían sufrir presiones ni injerencia de otros poderes”, reclamaron. Como de la investigación se desprende la filtración de información a la prensa y el juez evalúa la responsabilidad de algunos periodistas, el organismo también aclaró que “ningún periodista puede ser perseguido penalmente solamente por publicar información y proteger a sus fuentes”.

Página12

Redaccion

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