El Grupo Techint dejó de lado las amenazas que venía manifestando y decidió enfrentar directamente al Gobierno con una demanda de consecuencias impredecibles.
Como anticipó LPO, el recorte de subsidios al gas de Vaca Muerta recientemente aplicado por Lopetegui fue interpretado por Rocca como una ruptura de la alianza que se había mantenido incluso ante el procesamiento y el pedido de detención originado en la causa de los cuadernos.
En este marco, el principal empresario de la Argentina eligió pegarle Macri donde más le duele. Lo acusó de violar el derecho de propiedad, equiparándolo a un gobierno anti mercado que no respeta la seguridad jurídica.
«La sociedad ha presentado en el día de la fecha recursos jerárquicos contra las resoluciones de la Secretaria de Energía de la Nación que liquidaron las compensaciones previstas en la Resolución 46. Tales liquidaciones constituyen una clara violación del artículo 17 de la Constitución Nacional al afectar derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conductora del estado», comunicó el presidente de Tecpetrol Carlos Ormaechea.
«La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino», indica dicho artículo.
Es que, mientras Iguacel le estuvo abonando al holding los incentivos a la producción de gas de acuerdo a los volúmenes efectivamente alcanzados -que llegaron a un récord de 17,5 millones de m3 al día-, Lopetegui anunció que pasará a pagar solamente por la producción estimada al momento de solicitar el beneficio (8 millones de m3/día).
La medida implica un perjuicio retroactivo de $5.655 millones de pesos y -de acuerdo a los precios que rigen actualmente- unos 1.000 millones de dólares en promedio en los próximos tres años, que Rocca no está dispuesto a resignar.
En consecuencia, desde el primer momento salió a jugar fuerte. En un comienzo puso en duda las inversiones a futuro y posteriormente anunció la suspensión de 300 trabajadores, justo cuando el sindicalista Guillermo Pereyra advirtió -ante una movilización de 20.000 petroleros- que rompería con todos los acuerdos laborales si se concretaba un solo despido.
Fuente La Política Online
