Los jueces Daniel Obligado y Adriana Paliotti, integrantes del Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires –el tercer juez, Leopoldo Bruglia, no sumó su voto–, habilitaron a los genocidas de la Escuela de Mecánica de la Armada Juan Arturo Alomar y Guillermo Pazos a cumplir en sus respectivas casas las condenas que recibieron a fines del año pasado por delitos de lesa humanidad.
Los casos se añaden al éxodo de genocidas que, poco a poco, pero de manera sostenida durante los últimos años, dejaron las cárceles como lugares de destino para cumplir condenas y las cambian por sus casas.
A Alomar le habilitaron el beneficio de la prisión domiciliaria porque su esposa está deprimida. Según informes médicos particulares, la mujer presenta un trastorno depresivo, “muy vulnerable al estrés” que, parece, se incrementa “luego de cada viaje a Buenos Aires para visitar a su cónyuge”.
En el caso de Pazos, los tres jueces votaron por el otorgamiento del beneficio, que encuentra su justificación en la edad “avanzada” y algunos achaques vinculados a la vejez. Pazos tiene 73 años y, si bien tal como lo apuntan los jueces en su resolución, “de la junta médica practicada no se desprende que su prognosis de vida se encuentre en riesgo, las condiciones en que se desarrollan las patologías que lo afectan dificultan en grado superlativo su vida de interrelación intramuros”.
¿Qué dolencia sufre Pazos? Un “déficit de movilidad ocasionado por una afección en su rodilla derecha”, puntualizan los jueces. La situación, según entienden, “afecta su dignidad al verse precisado de la permanente asistencia de otros internos para atender sus propias necesidades”.
Página12
