Se trata de un local comercial ubicado en pleno centro (Pinto 880) que el gobierno del Dr. Lunghi alquiló para trasladar allí todas las dependencias de la Secretaría de Protección Ciudadana, pero si bien se está pagando el alquiler desde el mes de febrero, habiendo gastado más de 300.000 pesos hasta la fecha, el inmueble no fue utilizado todavía.
Ahora, mediante una nota presentada al Presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto del Concejo Deliberante, todos los concejales de los bloques opositores (Integrar, Unidad Ciudadana y Justicialista), manifestaron «la imperiosa necesidad de concluir el contrato sometido a la consideración» de los ediles.
La nota explica que «las consecuencias desventajosas para el erario público, la excesiva onerosidad y el gran perjuicio que acarrea una opción de compra valuada en moneda extranjera, llevan a los ediles a peticionar la rescisión del contrato de locación».
Finalmente consideraron como «agravante» que, para poner operativo el edificio, deben realizarse «una gran cantidad de obras, con un valor que si bien no se ha informado a este HCD, resultará por demás oneroso y cuantioso su gasto».
