La Ley Nacional de Salud Mental fue un texto impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y fue reconocida internacionalmente como de avanzada hacia las nuevas concepciones que se tienen de la salud mental en el mundo, planteando firmemente y por primera vez la desmanicomialización. Recientemente el gobierno de Mauricio Macri impulsó modificaciones que, según diversos expertos, significan un retroceso en esas políticas. Qué opina Luciano Grasso, el concejal tandilense con extensa trayectoria en la materia y que está a punto de convertirse en el Director Nacional de Salud Mental.
Tenes una trayectoria en Salud Mental: ¿Cómo fue que llegas a ser el Director Nacional de Salud Mental?
En principio todavía no está la designación, lo que hay hasta ahora es el ofrecimiento del ministro de Salud de la Nación de hacerme cargo de esa dirección. Él asumió ese cargo hace un mes y está rearmando equipos con una mirada coincidente con la política general que tiene pensado llevar adelante, que es una salud de tipo comunitaria con trabajo en territorios y fortaleciendo la prevención y la promoción de la salud.
¿Cómo se traduce esto al área de Salud Mental?
Piensa también que haya alguien a cargo que vaya en consonancia con esta línea y ahí volvió a mirar a Tandil como también sucedió en el caso de Sandra Fraifer que era funcionaria del Sistema Integrado de Salud Pública.
La ley de Salud Mental, del año 2010, es reconocida internacionalmente porque avanza en la desmanicomialización, que va en consonancia con los procesos internacionales de avanzada en la materia. Muchos dicen que este gobierno la está desarmando.
En principio me parece importante ser prudente en el sentido de que no podría hablar desde el punto de vista oficial porque todavía no asumí. Sí puedo opinar en relación a la ley y coincido en que es una ley que claramente es felicitada y reconocida a nivel internacional. Lo que plantea en términos generales es la necesidad de una reforma en términos de Salud Mental tendientes hacia un modelo de atención de tipo comunitario interdisciplinario que entienda que los problemas de salud mental son complejos y por lo tanto las intervenciones piensen a las personas con padecimientos psíquicos como sujetos de derecho. Claramente se opone a la lógica manicomial.
Para que esto se cumpla se necesita una capacitación en ese sentido de los equipos de trabajo que son los que están en el territorio, una sociedad que entienda que ya no podemos pensar al «loco» como alguien peligroso que tiene que estar encerrado, sino que tiene que ser una sociedad más inclusiva y que los incluya. Además de una política pública, trabajadores comprometidos y recursos, tiene que haber una sociedad que empieza a entender que tiene que convivir en diversidad con gente con problemas de salud, entre ellos los de salud mental.
¿Qué opinas de la postura que tiene este gobierno con respecto a la ley?
Implementar la ley no es solamente algo que tenga que hacer un gobierno, lo tiene que hacer la sociedad. Un gobierno también tiene que hacerlo tratando de generar políticas públicas que avancen hacia la implementación. Esto no sucedió desde 2010 hasta acá salvo algunas excepciones. La ley está vigente pero ha faltado una serie de condimentos para implementarla.
¿Porqué tantos especialistas se quejan de las reformas en la Ley que impulsa el gobierno de Macri?
Hubo hace poco tiempo, un par de meses, una propuesta para presentar un proyecto de modificación del decreto reglamentario de la ley que generó controversias y debates, porque en algunos puntos se planteaba que había una contradicción entre ese decreto reglamentario y el espíritu de la ley. En medio de ese proceso el Ministro de Salud asume su cargo y lo que plantea es un detenimiento de ese proyecto para generar diálogo. La pregunta es ¿Es necesario modificar la ley?, bueno algunos creemos que hay que buscar las condiciones para implementar la ley antes que modificarla generando espacios de diálogo que incluya a todos los actores. Si llego a asumir va a ser mi principal tarea.
