Por Facundo Basualdo para La Opinión de Tandil
Los años electorales y la inseguridad tienen una buena relación. 2017, no escapa a la tradición. Las campañas políticas y mediáticas ponen foco en “la preocupación central de los vecinos”, los funcionarios anuncian más patrulleros, más policías, más cámaras, la baja en la edad de la punibilidad vuelve a los títulos y a los proyectos de ley. Esa es la rutina.
El 5 de julio pasado, el Congreso aprobó las reformas a la ley de excarcelaciones para los delitos estipulados como graves en las que se prohíbe la libertad condicional o las salidas transitorias, orientados por esa loca idea de que penas más duras disminuyen los delitos. A contramano de la aprobación legislativa, aunque un tiempo antes, la Corte Suprema avaló la utilización del llamado “2 x 1” para beneficiar genocidas detenidos por delitos cometidos antes de la sanción de esa ley en 1994, con el fin de descomprimir la situación carcelaria, y juzgados después de que fuera derogada en 2001. La norma y el fallo, están en vigencia.
Mientras, en el encierro la inseguridad se vive como realidad: las cárceles en la provincia de Buenos Aires están sobrepobladas a niveles récord y en condiciones infrahumanas; crecen las muertes (en la calle o detenidos) por desidia o por disparos policiales; las comisarías replican el hacinamiento, aunque con el agravante de que es ilegal.
Detrás de las paredes
El informe preliminar de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló que existe un sobrencarcelamiento en la provincia de Buenos Aires con más de 40.000 personas detenidas en menos de la mitad de las plazas existentes entre las 55 cárceles, las seis alcaidías y el millar de comisarías que, aún incumpliendo fallos nacionales e internacionales, alojan detenidos. La cifra de detenidos es la más alta en la historia del Sistema Penitenciario Bonaerense. El hacinamiento, cada vez más brutal. Y el 55 por ciento están detenidos sin condena; es decir, sin respetarse la presunción de inocencia como se hace, por caso, en las múltiples causas que enfrenta el presidente Mauricio Macri.
En 2016, las muertes en manos de las policías alcanzaron las 110 víctimas: el 70 por ciento tenía menos de 30 años y vivían en barrios pobres. Más del 60 por ciento fue en manos de policías que en el momento estaban fuera de servicio y más de la mitad se defendió con que fue en defensa de bienes propios. Un discurso que parece más sacado del cassette de la costumbre que a una voz sincera. Además, hubo al menos otras doce víctimas bajo custodia estatal en comisarías.
Más del 60 por ciento de esas muertes ocurrieron en municipios del Conurbano bonaerense, donde se concentra la mitad de la población bonaerense, donde se sufre mayormente la crisis derivada de despidos, cierres de fábricas y aumentos de precios, y donde se concentran los principales centros urbanos con peso electoral.
Estos números, que sin dudas quedarán cortos a medida que pasen los días, delinean una postal —histórica, evidente, cruel— con entramados políticos, sociales, económicos, judiciales y policiales. Se multiplica la privación de libertad junto al libre accionar policial en las calles y al reclamo condenatorio (sobre todo mediático) a pibes de los barrios más pobres, definidos como los “pibes chorros” que, al decir de Esteban Rodríguez, no existen sino que se trata de “una categoría del sentido común que, antes que buscar comprender la realidad de los actores que está nombrando, se apresura a abrir un juicio negativo y despectivo sobre ellos. Una categoría moral que, cuando clasifica la sociedad para reproducir las desigualdades, quiere subalternizar a los actores que cosifica. No es una categoría analítica, sino un prejuicio que fue madurando en las habladurías y forma parte del fabulario argentino para invisibilizar a los jóvenes, demonizarlos, transformarlos en otros absolutos”.
En 2017, la cantidad de presos supera récords tanto de encarcelamiento como de víctimas. Dice la CPM: “Un niño de 14 años fue asesinado el domingo (16 de julio) en San Martín por un efectivo policial integrante del GAD. Según los vecinos, se escucharon catorce disparos. El sábado (15 de julio), la policía metropolitana acribilló a un joven de 22 años en el barrio de barracas (NdR: Ver más información acá). Hace un mes, otro joven de 22 murió en un supuesto suicidio en la comisaría tercera de Temperley. Lo habían detenido por disturbios en la vía pública. Sus familiares denuncian responsabilidad policial”.
También el sábado 15 falleció de un paro cardíaco una de las detenidas de la Unidad Penal N° 8 de Los Hornos (La Plata), Luisa Cienfuegos. Hacía cuatro días que pedían atención médica, pero se la negaron las autoridades del penal. Y la CPM agrega un número más a esta muerte: el 60% de las muertes que se producen en el encierro provincial son por problemas de salud que no fueron asistidos adecuadamente. Se trata, entonces, de muertes evitables. En Quilmes, mientras tanto, presentaron un habeas corpus (que fue rechazado) para prohibir el alojamiento de detenidos en los calabozos judiciales por encontrarse inundados con aguas cloacales y olor a mierda.
Operación Masacre
El último 2 de marzo, en la comisaría 1 de Pergamino se produjo un incendio que dejó un saldo de 7 detenidos muertos, sobre el total de los 20 distribuidos en tres celdas “habilitadas” para 18 personas. Hay 5 policías detenidos (y 1 prófugo) acusados por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Los familiares de las víctimas denunciaron privilegios de libertad ambulatoria concedida por el juez que debe investigar la causa. Una de las víctimas había mandado un mensaje antes de morir: “Mamá beni rápido que nos matan la policía” (sic). Otro, dijo: «Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó kilombo» (sic).
En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el encierro en comisarías porque no se pueden garantizar condiciones dignas de detención. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, contradijo esta medida. “Lo que ocurrió no es una casualidad, es la consecuencia directa y totalmente previsible de una política criminal y de seguridad centrada en el encarcelamiento que presiona sobre un sistema penitenciario en crisis crónica por el hacinamiento y la violencia”, denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El hacinamiento en las comisarías bonaerenses empeoró en los últimos 14 meses: en diciembre de 2015 había 1836 personas, ahora hay 3014. “Según los datos oficiales, hay 1105 camastros. Es decir que hoy en la provincia hay un 172,8 por ciento de sobreocupación de lugares en los que no debería haber nadie alojado”, agregaron.
A propósito de la masacre de Pergamino, el director de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, recordó en un artículo publicado en Cosecha Roja: “La República Argentina tiene una trágica historia en materia de fuego y cárceles, que no debería permitir la repetición de estos hechos. Viene a mi memoria el incendio en el Penal de Varones de Santiago del Estero, en 2007, que arrojó un saldo de 33 muertos, o el ocurrido en la Alcaidía de Menores de Catamarca, en 2011, con 4 niños incinerados, o el de la Unidad Penal 33 de Magdalena, en 2005, también con 33 víctimas fatales”.
La Masacre de Magdalena ocurrió la noche previa al día de la madre, entre el 15 y el 16 de octubre de 2005. Los detenidos se preparaban para las visitas de sus familias, pero por motivos todavía no aclarados se produjo un incendio en un pabellón de presos de buena conducta. Los bomberos se demoraron en llegar y cuando lo hicieron, no quisieron entrar para apagar el fuego. Fueron los mismos presos que habían logrado salir antes de que cerraran el pabellón quienes entraron para apagarlo. Los matafuegos y las mangueras del penal estaban vencidos o sin conexión a la red de agua. Un video que se puede ver en YouTube, producido por la CPM, relata en primera persona la odisea vivida y sufrida, con las familias afuera y 33 muertos adentro. Después de 12 años, a mediados de agosto de este año comenzará el juicio a los 17 agentes penitenciarios responsables de la peor masacre perpetrada por el Estado en democracia.
Haciendo lo que hay que hacer
Para estas elecciones Cambiemos propone como candidatos, entre otros, a Guillermo Montenegro, ex ministro de Seguridad porteño y responsable de la represión en el Hospital Borda en 2013, y para la octava sección a Carolina Píparo, quien sufriera la pérdida de un embarazo por un disparo en una salidera bancaria en La Plata. Como lo fue Juan Carlos Blumberg en su momento, las víctimas, por el simple hecho de serlo, apelan a construir el mensaje de lucha contra la inseguridad.
La gobernadora Pro, María Eugenia Vidal, anuncia más patrulleros y policías, además de aumentar el presupuesto para el ministerio de Seguridad conducido por Cristian Ritondo. En Lanús, bajo la intendencia de Cambiemos con Néstor Grindetti, quien también integra la lista de las cuentas off shore en Panamá, reclamaron la destitución del secretario de seguridad, Diego Kravetz por su responsabilidad como funcionario público en las acciones que permitieron a la producción del programa Periodismo para Todos realizar una entrevista a un niño de 11 años violando todos sus derechos, en un hecho que reunió casi todas las aristas de la construcción de un “otro” que merece ser perseguido, estigmatizado, encerrado por cumplir las condiciones de “pibe chorro”. Días después, por otra causa, allanaron la delegación policial de Drogas Ilícitas del mismo municipio y encontraron ocultas en un techo cocaína, marihuana y pasta base.
Desde la otra vereda, se presentan habeas corpus, existen causas abiertas para investigar con todas las dificultades judiciales posibles, se realizan denuncias y distintos tipos de reclamos desde organismos como CELS o CPM, CEPOC o CIAJ. En todas, ponen el foco en la integralidad de los derechos humanos y visibilizan las intencionalidades políticas y sociales de los sectores interesados en profundizar las condiciones actuales (y cada vez peores) de “la máquina de la inseguridad”, que incluye policías, funcionarios, grandes empresas mediáticas y determinados sectores sociales, a fin de mantener vivo el reclamo de “mano dura” a cualquier costo.
El gatillo fácil y los linchamientos en las calles, las torturas y las condiciones infrahumanas en las cárceles, son silenciados o celebrados por unos y cuestionados o denunciados por otros. Lo que diferencia posturas son los derechos humanos como base de construcción social, en términos que incluyan a todos y todas o exclusivos para unos pocos y pocas. En septiembre de 2016, en Zárate, un comerciante persiguió, atropelló y mató a un chico que le había robado. El presidente Mauricio Macri, hizo referencia al caso sintetizando el tipo de sociedad que pretende: reclamó la libertad para el asesino.
