La fiscal general Gabriela Boquin rechazó ayer el pedido del Gobierno de dilatar la causa por la deuda de Correo Argentino hasta después de las elecciones porque “no existen razones fundadas”. También demostró las artimañas legales en torno a los acreedores, que en muchos casos actuaron sospechosamente en contra de sus propios intereses, y detalló nuevas maniobras de vaciamiento de la empresa en favor de otras firmas de la familia Macri. Boquin, en estos nuevos dictámenes, dejó expuesta la complicidad judicial y la pasividad estatal.
En uno de los nuevos dictámenes, la fiscal general Gabriela Boquin rechaza la suspensión de la audiencia por 120 días, que pidió el Gobierno, para revisar el acuerdo entre la empresa de la familia Macri que manejó el Correo Argentino y el Estado. La fiscal Boquin sostiene que “no existen razones fundadas, ni normativa vigente que habilite suspender el proceso por el término de 120 días como peticionó el Estado Nacional” y expone algo que resume el devenir de esta causa: que las leyes no pueden cambiarse ni por acuerdo de las partes en un juicio. Algo que sí pasó en este proceso.
Para la fiscal, este pedido de demora del Gobierno de Mauricio Macri implica “una demora injustificada del trámite, en perjuicio de los acreedores y un tratamiento desigual”.
Esta nueva artimaña de los Macri tiene su origen el 16 de marzo, día en que estaba prevista una audiencia pedida por el Estado, de la que participaría junto a Correo Argentino SA (la familia Macri), las juezas y la fiscal Boquin. Iba a ser la primera luego de que se destapara el escándalo por el intento de Macri de perdonarle más de 70 mil millones de pesos a su familia, acuerdo que tuvo que frenar por la intervención de Boquin y la publicidad que tuvo el caso a partir de una nota publicada por este sitio. Horas antes de esa audiencia, el Gobierno pidió suspenderla por 120 días, a pesar de que el mismo Gobierno la había solicitado. La excusa eran los decretos que días después firmó Macri para autoregularse en cuestiones de conflicto de interés. La situación, frente a ese pedido, quedaba configurada así: la familia Macri seguía sin pagar; el Gobierno de Macri pateaba el tema post elecciones; las juezas se limitaban a una complicidad pasiva. Recién el 22 de mayo el tema le llegó a la fiscal Boquin, que en este último dictamen rechaza esta nueva maniobra de los Macri. Lo hizo ayer: ya pasaron más de dos meses, tiempo ganado para los Macri (empresa y Gobierno).
120 días
La fiscal Boquin, en este nuevo dictamen, sintetiza el daño causado por la demora de este juicio: “Las severas irregularidades producidas a lo largo del proceso que han permitido dilatarlo durante 16 años y transformarlo, consolidando una posición de la concursada (Correo Argentino), construida al margen de lo que establece la ley y aniquilando los créditos adeudados (entre ellos, el del mismo Estado Nacional)”. Y sigue: “transcurridos 16 años desde la presentación en concurso preventivo, no ha habido ni un principio de ejecución de pago de los créditos, ni una propuesta aprobada, ni un salvataje abierto, ni una quiebra decretada con la subsiguiente liquidación de activos. Todo ello con la particularidad de que nunca se han logrado las mayorías requeridas por la ley”, esto último para llegar a un acuerdo y, vale aclarar, hasta que Macri llegó a la presidencia e intentó condonarle la deuda a su familia.
Otro eje fundamental que destaca la fiscal Boquin es la sospechosa coordinación de partes de este juicio que supuestamente tienen intereses diversos. El pedido de suspensión lo pidió el Estado (al que le deben), lo aceptaron las tres sindicaturas que deben controlar el proceso y obviamente lo acompañó Correo Argentino. “El paso del tiempo tiene como principal consecuencia licuar el crédito (la deuda de los Macri) en perjuicio de los acreedores (entre ellos el Estado), por lo que la medida sólo favorece a Correo Argentino SA”, afirma Boquin. Y revela un dato que, otra vez, muestra conflictos de interés en este caso: que los abogados a cargo de la Sindicatura General, que avalan esta nueva demora, fueron también abogados del Grupo Macri. Se trata de Julio César Rivera y Beltrán Louge.
Boquin también destaca la contradicción de la familia Macri, que por un lado afirma que es válido el acuerdo en el cual les perdonaron más de 70 mil millones de pesos a pesar de que el Estado se retractó y, por el otro, aceptan dilatar nuevamente la causa. La fiscal rechaza ambos: afirma que la audiencia en la que acordaron la condonación de deuda fue irregular y que no debe demorarse más este expediente. “Cabe concluir que la única razón por la que Correo Argentino auspicia la suspensión de los plazos procesales es porque lo beneficia, porque licua aún más los empobrecidos créditos por el mero transcurso del tiempo y demora el reencauzamiento de las actuaciones ya que sabe que no cuenta con las conformidades, encontrándose ya vencidos todos los plazos para lograrlas”, resume Boquin.
Este pedido de suspensión por 120 días lo hizo el Estado, al que le deben dinero. Esto es de por sí contradictorio, ya que teóricamente un acreedor quiere cobrar y rápido. La conclusión es que el Estado hizo un pedido propio del deudor, o sea, de la familia Macri, uno de cuyos integrantes hoy es el Presidente. Para la fiscal, “el consentir tales iniciativas implicaría convalidar tanto como una especie de ‘inversión’ o ‘confusión de roles’ que entiendo inadmisible pues se encuentra reñido con la adecuada utilización de los recursos del Estado y la debida protección de la hacienda pública”. En criollo: Macri usa al Estado para beneficiar a su familia. La solicitud de suspender los plazos por parte del Estado es “una petición en contra de su propio interés”. La fiscal demuestra que se pide la suspensión de un plazo ya vencido. “No hay ningún plazo ‘corriendo’”, sostiene la fiscal, por lo que no hay ningún plazo por suspender. Por último, afirma: “Ni la ley de concursos y quiebras ni el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contemplan en sus disposiciones la suspensión de plazos requerida. Más bien, todo lo contrario, la impiden”.
Sobre la excusa para pedir la suspensión, que era la próxima publicación del decreto 201 para regular la actuación del Estado en causas con conflictos de interés, la fiscal afirma que es inaplicable. En primer lugar, porque esta causa ya está en curso y lo que puede hacer el Procurador del Tesoro (según establece el decreto 201) es asumir, a partir de ahora, la representación del Estado. Por otro lado, que la legislación previa ya establecía que los funcionarios no debían intervenir en asuntos donde tuvieran interés directo. La fiscal Boquin muestra que la actitud del Gobierno fue una puesta en escena. El 16 de marzo pidió suspender los plazos en función de un decreto que publicó seis días después, norma que le daba intervención en la causa al Procurador del Tesoro que ya se había presentado un mes antes, el 17 de febrero. El decreto era entonces irrelevante y por ende, la suspensión igual. “De disponerse la suspensión de los plazos procesales por 120 días, se sumará una irregularidad más a la extraordinaria y atípica tramitación del expediente”, insiste Boquin.
Los tiempos y los plazos de esta causa son para el estudio. La fiscal Boquin, una vez más, traza una cronología meticulosa de este expediente y muestra la complicidad judicial y la pasividad estatal para que los Macri se burlen de las leyes y no paguen sus deudas. En sus palabras, detalla “las marchas y contramarchas del proceso“, las diez prórrogas o demoras que pidieron los Macri y las seis que peticionó el Estado y, una a una, precisa cuánto tiempo se perdió en cada una. El cálculo final es sencillo: un concurso tiene, legalmente, un período de exclusividad (donde el deudor hace una propuesta de pago y los acreedores definen si aceptan o no) de 90 días con posibilidad de extenderlo hasta 120. Este lleva más de 15 años.
“A modo de síntesis, debo mencionar que el proceso fue atípico y ha gozado de plazos por demás extensos (…) En suma, la concursada (Correo Argentino) gozó de un plazo por demás extenso para obtener la conformidad de su acreedor mayoritario (el Estado), inusual en cualquier trámite concursal y contralegem. El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades”, concluye Boquin.
Y va más allá. Tras citar jurisprudencia de la Corte para demostrar que este tipo de concursos tienen reglas para cuidar el patrimonio de todos los acreedores de forma igualitaria y para proteger el derecho a la propiedad y dice que debe respetarse. “De otra manera, el sistema concursal se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos”, enfatiza la fiscal.
Abogados de Macri
“Disponer la suspensión de los plazos procesales perjudica no sólo a los 715 acreedores verificados (cuyos créditos incluido el del BNA -Banco Nación- se licuan aún más), sino también al Estado Nacional”, afirma la fiscal Boquin, para luego llamar la atención sobre la actitud de los restantes 714 acreedores.
Boquin insiste con algo que ya planteó en su primer dictamen: “la existencia de serios indicios de manipulación de las mayorías”, es decir, de decisiones extrañas de muchos de los acreedores que van en contra de sus intereses. En su dictamen, la fiscal revela que hay un pequeño grupo de abogados que aparece representando decenas de acreedores, que varios incluso figuran como cesionarios de las deudas, es decir, que ahora el Correo les debe a ellos, y tienen a su vez relaciones comerciales entre sí. Por si fuera poco, algunos de estos abogados, como Guillermo Lehmann, Ignacio Buceta y Fernando Gabriel Carnevale, fueron miembros del directorio de Correo Argentino en varios períodos.
Un dato clave es un domicilio: Tucumán 1650, 2do piso, departamento F. Es la dirección que dan varios de los apoderados de los acreedores: Diego Martin Teglia, Gabriela Di Ciommo, Claudio Lehmann, Miguel Martin Mac Cormack, Ivana Bender, German Gabriel Carnevale y Veronica Adriana Bergman. Entre ellos representan a 202 acreedores, que sospechosamente comparten domicilio.
El apoderado que más acreedores representa es Teglia, con 51. Entre ellos, hay dos que llaman la atención por su vinculación directa con Macri. Uno de ellos es la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors. Otro es el estudio jurídico Romero Zapiola & Clusellas, el estudio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, sindicado como intermediario de Mossack Fonseca en los Panamá Papers.
El caso de Di Commo, apoderada de 44 acreedores entre los que se encuentran Camuzzi, Carrefour, Distribuidora de Gas del Centro, Lloyd Aéreo Boliviano, figura como directora en la sociedad Transportes Agrícolas. Comparte directorio con Claudio Guilermo Lehmann, otro apoderado a su vez integrante del directorio de Correo Argentino. Lehmann representa a 33 acreedores, entre los cuales figuran Edelap, Edenor, Garbarino y Sprayette.
Respecto a Buceta, apoderado de 15 acreedores, la fiscal Boquin reconstruye que fue director suplente de Correo Argentino, que tiene una sociedad con Martin José Ceferino Díaz, otro de los apoderados, y que forma parte del estudio Tonelli junto con Pablo Esteban Sarin, también ex director de la empresa de los Macri. Ese estudio tiene como cliente, justamente, a Correo Argentino SA.
Por su parte, la abogada Susana Alicia Piantelli es apoderada de 44 acreedores mientras que es gerente del estudio Kleidermacher y Asociados. El abogado de los Macri, Jaime Kleidermacher, es socio de ese estudio. Por ende, el mismo estudio representa deudor y acreedores. Boquin muestra que, además, Piantelli y Kleidermacher comparten directorio de la sociedad Inmuebles Metropolitanos SA. Un caso similar es el de Sebastián Lebenglik, que patrocina 19 acreedores mientras integra el estudio AK (Arnoldo Kleidermacher) junto con el mismo Jaime Kleidermacher, con quien además comparte la sociedad Desarrollos Metropolitanos SA.
La fiscal Boquin revela, además, otro dato fundamental: “333 acreedores NO prestaron conformidad” (la mayúscula está en el original). Suman 114.318.529 pesos con 40 centavos. El mayor de ellos es el Banco Nación, con 42.217.195 pesos con 50 centavos, el 36,93 por ciento del total. A todos ellos los Macri les deben y no aceptaron sus condiciones.
El fantasma de la quiebra
A los Macri hay un tema que los asusta: la potencial quiebra de Correo Argentino, que es una de las salidas previstas por la ley para casos como este. Según la auditoría que hizo la Procuración del Tesoro, en los 16 años que lleva la causa el Estado no hizo ningún pedido de quiebra. Pero nunca es tarde. “Evidentemente –escribe Boquin– el interés del Estado en este concurso debe ser el de percibir su acreencia verificada hace más de quince años y por cierto que tiene herramientas para lograrlo ya sea en el trámite del cramdown o en un eventual escenario de quiebra de la deudora”.
“Las presentes actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas, lo que así solicito”, dictamina la fiscal Boquin. La cuestión ahora es qué harán las juezas Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, ambas parte de la complicidad judicial en la demora de este expediente. Las juezas tienen por delante un dilema. En primer lugar, deben resolver algo que tienen en sus manos hace siete años, que es una apelación de los Macri a un fallo de la jueza Marta Cirulli que no homologó un acuerdo en 2010 porque el Estado se negó a aceptar una propuesta que por entonces le hicieron. Luego, definir hacia donde enfoca su fallo, y ahí les quedan dos opciones. Una, retomar su iniciativa del 2004, cuando le ordenaron a la jueza Marta Cirulli que iniciara el denominado cramdown (salvataje) de la empresa y esta los desobedeció. La segunda, indicar que se avance con la quiebra de Correo Argentino.
Marcha atrás con el vaciamiento
Hace unas semanas, la fiscal Boquin había denunciado maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras firmas de la familia Macri. Demostró cómo, en 2016, los Macri sacaron de los fondos de Correo Argentino 1.645.923 pesos y 185.213 dólares. Según Correo Argentino, necesitaban retirar fondos del concurso (que estaban con vigilancia judicial en el banco) para pagos de alquileres a Sideco Argentina SA por 144.000 pesos mensuales, sueldos y cargas sociales de personal por 61.834 pesos mensuales, gastos contables e informáticos por 113.000 pesos y honorarios de abogados por 65.000 pesos. Boquin demostró que esos gastos eran exorbitantes, que no se correspondían con la actividad de Correo Argentino y que además eran superiores a lo declarado y en rubros injustificables. Por otro lado, los Macri también usaron dinero de Correo Argentino para un negocio de importación de autos con Socma que, supuestamente, no funcionó.
El segundo dictamen que firmó ayer abunda sobre esta práctica y sostiene que las empresas que se llevaron el dinero de Correo Argentino, que es para pagarle a sus acreedores, deberían devolverlo. “El remedio frente al fraude no puede ser otro que, una vez descubierto, hacer volver las cosas al estado anterior de la existencia del mismo impidiendo que la astucia logre su fin”, escribe Boquin. En definitiva, pide que Sideco Americana y Socma le devuelva el dinero del vaciamiento a Correo Argentino. Y con intereses.
La fiscal sostiene que los pagos de Correo Argentino a Sideco Americano no fuero autorizados, se hicieron sin control de las sindicaturas y la Justicia, que la transferencia de dinero en medio de un concurso esta prohibido porque alteran la situación de los acreedores. Menciona que incluso los Macri desistieron de retirar esos fondos, lo que muestra que no eran realmente necesarios.
El negocio de los autos es más irregular aún. La estructura del negocio fue la siguiente. Socma tenía una relación con la empresa china Chery Automobile, para producir y comercializar autos de origen chino en Argentina, Uruguay y otros países cercanos. Esta relación, que data de hace diez años, aún continúa. De hecho, el presidente Macri, en su reciente viaje a China, se reunió Anning Chen, CEO de Chery, y le comunicó su intención de que aumente un 20 por ciento sus ventas en Argentina. Los intereses de Macri son familiares: Socma sigue siendo representante de Chery en Argentina, y el vaciamiento de Correo Argentino está relacionado a este negocio.
En 2007, hace diez años, el negocio con Chery lo encaraba Socma con Wuhu Bondy Trade y Wuhu Technology, filiales de la empresa China. Para esto, los Macri decidieron tomar fondos de Correo Argentino, que estaban congelados para el pago de sus deudas que por entonces ya llevaban cinco años de tramiterío judicial.
El 28 de septiembre de 2007 se firmó el contrato entre Socma Americana y Correo Argentino, que ya venía participando del diseño del proyecto desde 2005. Por la primera firmó su vicepresidente Jorge Rubén Aguado; por la segunda su presidente Raúl Casa. Acordaron que Socma le vendía a Correo Argentino el 25 por ciento de Neficor, una sociedad uruguaya que era parte del negocio de los Chery. El precio: 2.100.000 dólares. De estos, 1.160.625 dólares (el 55%) se pagarían con la cancelación de una deuda que Socma tenía con Correo Argentino contraída pocas semana antes. El resto, 939.375 dólares, se pagarían con una transferencia a una cuenta de Socma en el Citibank.
De esta forma, según el contrato entre Socma y Correo Argentino, el entramado de sociedades para el negocio de los Chery quedaría así. Socma y Correo Argentino controlarían Neficor. A su vez, Neficor tenía el 49 por ciento de Chery Mercosur (que estaba en trámite a cambiar su nombre a Chery Socma). El otro 51 por ciento de Chery Mercosur lo tenía Wuhu Bondy Trade, filial de Chery china. Por último, desde Chery Mercosur formaron una subsidiaria en Argentina llamada Chery Socma Argentina, creada el 1 de marzo de 2007. Franco Macri fungió de socio de esta filial en Argentina, y Leonardo Maffioli, hombre de su confianza en varias empresas, fue designado su presidente. En 2010, Maffioli fue reemplazado por Gianfranco Macri, hermano del presidente. Franco se mantuvo siempre en la órbita de cargos de la empresa.
Esa supuesta inversión fue criticada por la Sindicatura Controlante del concurso de Correo Argentino, que indicó “la exorbitancia del precio”, que se pagaban 2.100.000 dólares para participar del 12,25 por ciento de un negocio cuyo capital social eran 2.000.000 dólares, que debían dar explicaciones sobre la forma de pago y que toda la operación requería de autorización judicial. Sobre las condiciones del contrato, que en su artículo 9 establecía que en caso de que Correo Argentino quebrara las acciones pasarían casi gratis de nuevo a Socma, la sindicatura sostenía: “Lisa y llanamente la concursada es vaciada por su controlante”. A pesar de todo esto, la operación se hizo. Ahora, la fiscal Boquin pide que se intime a Socma Americana a que le devuelva la plata a Correo Argentino, más intereses.
La causa como capas de cebolla
“Esta fiscalía informó oportunamente acerca de la formación de innumerables incidentes que tornan dificultosa la compulsa completa de las presentes actuaciones, facilitando por otra parte confusiones y contradicciones y la existenccia de actuaciones simultáneas en diversas instancias que pueden resultar contradictorias”, señala Boquin. Los incidentes son desprendimientos de la causa original para resolver determinada cuestión. Pero, como todo en este expediente, su proliferación operó en función de que no se resuelva la cuestión originaria. La fiscal Boquin solicitó en este segundo dictamen de ayer que se unifiquen once incidentes desperdigados por todo el fuero comercial, y que la Cámara le indique a la jueza Cirulli “que se abstenga de formar nuevos incidentes en el futuro”.
Por último, Boquin plantea que la jueza Cirulli debería excusarse de continuar en esta causa. Quedo todo ahora en manos de las juezas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini. Tanto la causa como su impacto electoral.
Fuente. Nuestras Voces
