Según la legislación vigente, los empleadores de los establecimientos escolares de gestión privada deben abonar entre 16 y 20 por ciento del sueldo en concepto de aportes patronles. Sin embargo, un decreto del 2001 suspendió esa obligación y se fue extendiendo en el tiempo. El Gobierno de Macri volvió a sostenerlo por un año más en medio de un intenso conflicto con los docentes.
Con el conflicto con los maestros aun sin resolver, el Gobierno extendió un beneficio para los dueños de las escuelas privadas que les permite no pagar aportes patronales de sus empleados. A través de un DNU, Macri y su gabinete le hicieron ese favor a los colegios bajo el argumento de evitar un aumento de las cuotas o impedir que el Estado tenga que abonar más subsidios a las mismas.
La medida suspende «desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial».
Los considerandos del DNU señalan que la aplicación de las contribuciones patronales «provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país».
