Por temor al desplome de la imagen del Presidente, el Gobierno solicitó que la reunión se prorrogue hasta fines de octubre.
Luego de que salte el escándalo de la condonación de $ 70.000 millones a Correo Argentino, Mauricio Macri pidió “volver a foja cero” y estableció una nueva audiencia a mediados de marzo. Allí, el representante del Gobierno pidió prorrogar la reunión por 120 días que, de acuerdo a cálculos judiciales precisos, caerá inmediatamente después de las elecciones legislativas.
Horas antes de que comience el encuentro entre el Estado, la empresa del grupo presidencial, las juezas y la fiscal del caso, el abogado Juan Bernabé Araoz, del Ministerio de Comunicaciones, llevó una solicitud de aplazo del encuentro para fines de octubre.
No obstante aún no fue aprobado, se reunieron hace dos semanas por la familia Macri, el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y el titular del conglomerado SOCMA, Leonardo Maffioli (quien nunca había asistido a las instancias judiciales de la compañía de envíos); y del lado de los letrados, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, y las magistradas de la Sala B, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini.
El requerimiento de la cartera de Oscar Aguad fue interpretado en un principio como una potencial dilación de cuatro meses para un encuentro que él mismo había organizado para mediados de marzo.
Un repaso por la legislación demuestra que el pedido de plazo es mayor. La Ley de Concursos y Quiebras establece en el inciso 2 del artículo 273 que no se aplican días corridos para la instancia en la que se encuentra la empresa de la familia Macri. “En los plazos se computan los días hábiles judiciales, salvo disposición expresa en contrario”, reza la norma. El Destape corroboró que el documento que presentó Comunicaciones en la audiencia omitió aclararlo, por lo que se aplica lo dispuesto en el reglamento legal.
En concreto, el radical pidió aplazar por 120 días la realización de la audiencia, que se desarrolló el 16 de marzo a las 11. Aguad había solicitado esa reunión al “retractar la aceptación efectuada por el representante del Estado a la propuesta de Correo Argentino SA el 28 de junio”, y lo hizo “siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente de la Nación”.
Ahora, los tres síndicos y la concursada deberán emitir opinión respecto a la solicitud de aplazo. Luego, le tocará a la Fiscalía dictaminar, y la decisión final la tendrán las juezas Gómez Alonso y Ballerini, quienes arrastran la causa hace ya 15 años.
Asumiendo un tratamiento excepcionalmente expeditivo de todas las partes y un aval de las magistradas, al no considerarse la feria de julio, la cita para la audiencia será a partir del lunes 23 de octubre.
Esta hábil jugada de Aguad puede suspender la reunión hasta después de las PASO del 13 de agosto y de las elecciones generales legislativas del 22 de octubre. La decisión política se debió al tamaño que tomó el escándalo, que vapuleó la imagen del Presidente y su intento por mostrar transparencia. Al punto en que Macri redactó un DNU que delega en la Oficina Anticorrupción el poder de autorizar contratos; y otro decreto que reitera uno de 1989 sobre el rol de la Procuración del Tesoro.
La figura del Presidente se vio vapuleada con el escándalo de su compañía de correos. Las juezas se reservan facultades adicionales para estirar aún más la reunión, que tanto teme el Gobierno, en caso de que la fecha perjudicara a Macri.
