La sub ejecución del Presupuesto Nacional destinado a las Universidades Públicas es preocupante y permite apreciar el “ajuste” que se está implementandoen educación. De todos modos, más allá de la sub ejecución y aunqueel presupuesto asignado a las Universidades Nacionales fuera ejecutado en tiempo y forma, el aumento de las tarifas y la suba de los costos de funcionamiento redujeron el presupuesto asignado para el año corriente. La política del gobierno lleva a las Universidades a un escenario de desfinanciamiento de la educación superior.
Un Informe elaborado por IEC-CONADU analiza la ejecución del presupuesto universitario durante el primer semestre ymuestra que la sub ejecución se concentra en aquellas áreas destinadas a convenios, programas y proyectos a través de los cuales se promueven actividades para el desarrollo, fortalecimiento y ampliación del sistema universitario.Hasta el momento, de las trasferencias que debía realizar el Gobierno Nacional, mediante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) a las Universidades Nacionales para Programas de Desarrollo Universitario, sólo se ejecutó un 0,007 por ciento.
Estos fondos estaban asignados, entre otros destinos, al programa de voluntariado universitario que ha sido fundamental los últimos años para fomentar la articulación de las universidades con el territorio. Con lo cual, más allá del análisis cuantitativo que pudiera realizarse sobre el presupuesto y su ejecución, queda demostrado que existe un cambio en la concepción de la política educativa por parte de la actual gestión, primando una lógica mercantil y elitista que desconoce la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho a la educación superior.
El desfinanciamiento de la universidad pública es selectivo afectando fundamentalmente al proceso de democratización y ampliación del sistema universitario que se venía llevando a cabo en los últimos años.
En ese sentido, no es casual quelas asignaciones sub ejecutadas estaban dirigidas a los programas de inclusión universitaria.El programa de Becas de Bicentenario, Programa Nacional de Becas Universitarias y el PROGRESAR hasta el momento ofrecían unapoyo económico a estudiantes de más bajos recursos. En el año 2015, aproximadamente 150.000 estudiantes universitarios fueron beneficiarios con estas políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación superior de acuerdo con datos proporcionados por CONADU.
La suspensión de estas becas y la falta de actualización del monto de las asignaciones ponen en riesgo la permanencia en la universidad de muchos estudiantes. Otro de los programas de inclusión afectados fueron los destinados ala construcción y sostenimiento de comedores y residencias universitarias.
Incluso entre las asignaciones sub ejecutadas están lasdestinadas a programas para mejorar las condiciones de trabajo docente, unificar cargos y el PROFITE destinado a financiar tesis de posgrado.Los docentes universitarios también están siendo afectadospeligrando en muchos casos el pago de salarios y cargas sociales para quienes trabajan en universidades y carreras de reciente creación. Debemos considerarademás el deterioro en el poder adquisitivo del salario docente que con el impacto de la inflación ha sufrido una retracción de más del 12 por ciento.
Ante esta situación de asfixia presupuestaria son varias las universidades que se vieron obligadas a implementar diferentes estrategias para poder garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio: cierre de cursos, cambios en las bandas horarias, suspensión de actividades, transferencia de recursos de un área a otra cuya demanda sea más urgente, entre otras medidas de emergencia.Es alarmante que frente a los reclamos de los trabajadores y de la comunidad universitaria en su conjunto el gobierno nacional persista con la negativa al diálogo y no considere la reapertura de paritarias para el sector.
* Publicado en el Semanario Trabajo&Economía.
