¿Es posible una auditoria de toda la obra pública de la ciudad?

En los primeros días del mes pasado la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, planteó la necesidad de hacer una auditoría integral a toda la obra pública puesta en marcha durante los 12 años de gestión del gobierno que comenzó el 25 de mayo de 2003.

La ex presidenta planteó esa posibilidad luego que se difundieran las imágenes del ex Secretario de Obras Públicas, Juan José López, dejando bolsos con cerca de U$S 9 millones en efectivo en un monasterio de Gral. Rodríguez. La propuesta era una auditoría exhaustiva: “Le voy a plantear al juez de la causa que haga una auditoría de la obra pública, hecha por consultoras públicas y privadas. De la misma manera que el Consejo de la Magistratura quiere hacer una auditoría sobre las causas de los últimos 20 años” destacó la ex mandataria en una entrevista brindada al programa Economía Política, por C5N.

“Esto de decir alegremente que hubo sobreprecios en la obra pública es disparatado. Estamos hablando de un plan de obra pública de miles de millones de dólares ejecutada por el Gobierno nacional, pero también por gobernadores e intendentes” sostuvo, por entonces, desafiando el sentido común de la época que indica que son todo’ chorro’.

El 60% de la obra pública ejecutada en el país durante en los últimos 12 años era de carácter descentralizada. Los recursos eran girados desde el Tesoro Nacional a las provincias y municipios, quienes debían encargarse de hacer las licitaciones, contratar a las empresas y certificar los avances de obra. El dinero de la corrupción proviene, en su gran mayoría, del vínculo que posibilita este andamiaje entre lo público y lo privado. Se trata de una relación connivente – y conveniente – sostenida sobre las contrataciones de obras y servicios de carácter público – o mediados por el interés público – pero que son ejecutados por privados. Por supuesto, esto no anula en modo alguno la responsabilidad de los funcionarios que a cargo de una determinada área del Estado permiten, ya sea por complicidad o por pasividad, que se vulnere la necesaria transparencia del sistema de contrataciones.

Tandil recibió varios cientos de millones de pesos en concepto de obra pública durante los últimos 12 años. Algunas de esas obras, como el Desarrollo Urbanístico del PROCREAR, la Biblioteca Central de la UNICEN o la Sala INCAA de esa misma casa de estudios, fueron ejecutados bajo la supervisión directa del Estado Nacional a través de sus órganos o dependencias correspondientes. Pero muchas otras, como las obras de cloacas en Villa Aguirre y Villa Italia Norte; el complejo de la Escuela Arco Iris; las obras de la Escuela 501, Nicolás Avellaneda; los Jardines de Infantes del Paraje Arroyo Seco y de Azucena; las obras de la Ruta 74 y la Ruta 30; la escultural réplica de la Piedra Movediza; las casas del Barrio 30 años de Democracia; el Centro Cultural del Barrio Palermo; el emplazamiento del nuevo Cristo en la Sierras; las distintas obras de pavimentación; el CIC del Barrio Movediza; las obras del anillo troncal de gas; las obras del agua para La Elena; el desagüe de la Av. Actis; la limpieza del Arroyo Langüeyú y  las obras hidráulicas del nuevo Ramal H, sólo por nombrar algunas, fueron ejecutadas bajo la órbita provincial y municipal en distintos casos.

La enorme sospecha de irregularidad y sobreprecios que se viene sosteniendo en los grandes medios de comunicación nacionales y que es replicado por innumerables medios regionales y locales exige plantearse una serie de cuestionamientos: ¿no resultaría saludable exigir una auditoría de la totalidad de la obra pública en nuestro distrito para que los tandilenses podamos tener la plena certeza de que esas contrataciones se encuadran a los más estrictos estándares de transparencia que exige la gestión pública?

Lejos de aventurar afirmaciones, este cronista advierte interrogantes: ¿Cuántos cientos de millones de pesos fueron destinados a Tandil en concepto de obras públicas durante 12 años? Independientemente del origen de los recursos, sea nacional, provincial o municipal, ¿los concejales de todas las fuerzas políticas estarían dispuestos a apoyar una auditoría integral, con controles cruzados y participación pública, para dar cuenta de la trasparencia de esos procedimientos de contratación? Por otra parte, los empresarios que participaron de esas licitaciones ¿están dispuestos a mostrar sus números en función de la tan mentada transparencia que le exigen al sector público? Sería una experiencia distinta y positiva en esa relación que se defiende casi como un mantra cuando se habla de sinergia entre el sector público y privado.

Al margen de la buena imagen pública que las encuestas le marcan al Intendente Miguel Ángel Lunghi, su gestión no es un canto a la transparencia. Funcionarios de su gobierno se han visto salpicados por casos de corrupción y fuertes irregularidades desde el año 2003 a la fecha. En 2005 el tesorero Ricardo Galotto se quitó la vida luego de que se dieran a conocer reiterados robos de dinero a las arcas municipales. El caso se cerró tiempo después, trámite administrativo mediante, declarando al fallecido funcionario como único responsable del delito.

Entre 2008 y 2011 la Secretaria de Desarrollo Social, a cargo por entonces de Julio Elichiribehety, fue objeto de enormes irregularidades cuando se fraguaron documentos públicos e inventaron beneficiarios de ayudas sociales. Ese dinero, desviado de la ayuda a los más humildes, era utilizado para pagar contrataciones de servicios de manera ilegal. Por ese delito el mes pasado el Juzgado Correccional N° 1 de Azul, a cargo del juez Carlos Alberto Pocorena, condenó a Rubén Dieguez  – subsecretario de esa cartera – a la pena de un año y diez meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de dos años. El delito que se le imputó fue el de “Malversación de caudales públicos en perjuicio de la Municipalidad”. Si bien el gobierno municipal apeló la sentencia, la Justicia ya dio su parecer en el tribunal de primera instancia.

En octubre de 2015, en plena campaña electoral, se conoció el desfalco que se venía  llevando a cabo silenciosamente en las oficinas de María Ignacia Vela. El cajero de esa dependencia, a través de una maniobra posibilitada por la fragilidad de los controles, se habría quedado con varios cientos de miles de pesos que los contribuyentes usaban para pagar las tasas en dicha oficina. Se realizaron las auditorías de rigor, pero nada ocurrió y el tema cayó en el olvido.

Una auditoría de toda la obra pública tandilense durante más de una década sería un gesto valorado por el conjunto de la sociedad y permitiría disipar – o confirmar – los fantasmas que existen alrededor de esas contrataciones. Independientemente de las tensiones partidarias, debería reconocerse que la transparencia no es un valor con potestad exclusiva en un sólo espacio político. Como así también que los hechos de corrupción de funcionarios y/o empresarios no deberían ser la explicación definitiva para imponer el rótulo de corrupto a todo un proyecto político – o  que todos los empresarios pertenecen a estirpes de la misma calaña. Si las generalizaciones son malas, lo son en todos los sentidos: tanto para el sector público como para el privado y tanto para los niveles nacionales, provinciales o municipales. Lo que no se puede hacer es mirar para otro lado.

 

 

 

Foto: Diario El Eco de Tandil

Marcos Aguilera

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