Quien fuera uno de los hombres fuertes del Intendente Lunghi en la Secretaria de Desarrollo Social, Rubén Diéguez, fue condenado en el día de ayer a la pena de un año y diez meses de prisión condicional. Asimismo el funcionario fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por el término de dos años ya que se lo encontró penalmente responsable del delito de “malversación de caudales públicos en perjuicio de la Municipalidad, en concurso real de acciones con falsedad ideológica de instrumento público, por los hechos cometidos en la ciudad de Tandil entre los meses de enero de 2008 y diciembre de 2011”
El Juez Carlos Alberto Pocorena consideró probado el delito denunciado y condenó al actual funcionario público de la administración lunghista por resultar autor penalmente responsable del delito que se lo acusa. El Juez encontró responsable a Diéguez de desviar arbitraria y premeditadamente, entre los años 2007 y 2011, recursos económicos de la denominaba “Ayuda Social Directa” de la Secretaría de Desarrollo Social para el pago de proveedores del municipio que brindaban distintos tipos de servicios o proveían de materiales para determinados trabajos. Este mecanismo irregular a través del cual la cartera que estaba a cargo de uno de los hombres fuertes del radicalismo local, Julio Elichiribehety, funcionaba como una canal paralelo de pago de servicios violando el trámite reglamentario establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ley de Contabilidad para la contratación de servicios y la compra de materiales e insumos.
Según el fallo condenatorio, quedó probado que Diéguez daba indicaciones a sus subalternos para que crearan falsas solicitudes de “Ayuda Social Directa” que eran, en realidad, proveedores del Estado Municipal a los que se les pagaba a través de este mecanismo ilegal. El funcionario lunghista aprobaba estas solicitudes con su firma y en carácter de su condición de Licenciado en Trabajo Social, les adjudicaba de manera recurrente una engañosa condición de indigencia en los documentos públicos que la subsecretaría debía utilizar para justificar sus erogaciones de dinero. Esos documentos estaban cargados de datos falsos, tanto en lo que respecta a la supuesta condición de vulnerabilidad de los ‘beneficiarios’ como también en lo que respecta a la cantidad de integrantes del grupo familiar. Este aspecto era central en la operatoria ya que, cuando los montos a pagar a los proveedores superaban ampliamente el concepto de Ayuda Social y para evitar las sospechas, se dividía el monto a pagar entre distintos familiares o allegados del falso beneficiario. Una vez concretada la maniobra fraudulenta, se elevaban esas solicitudes junto al resto de las ayudas sociales genuinamente otorgadas y eran abonadas por ventanilla a través de la Secretaria de Economía Municipal.
Fotos: Gentileza del Diario El Eco
