Un nuevo fallo de la Justicia Civil y Comercial de La Plata hizo lugar a una presentación de la Central de los Trabajadores de la Argentina provincia de Buenos Aires (CTA de los Trabajadores) y la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) que puso freno al aumento de la tarifa eléctrica impulsada por el Gobierno.
En efecto, el Juzgado Civil y Comercial N° 11 de La Plata, interinamente a cargo de la Doctora María Cecilia Valeros de Corica, dispuso la suspensión por el termino de tres meses de la resolución N° 22/2016 y de todas las disposiciones dictadas en consecuencia para el ámbito de la provincia de Buenos Aires interrumpiendo el cobro de factura ya emitida y debiendo refacturar la totalidad de las boletas aplicándose el cuadro tarifario anterior.
LOT dialogó con Daniel Pérez Guillén, Secretario General Adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires, quien relató que “el fallo hace lugar a lo que planteamos nosotros de la irracionalidad del aumento y dispone una suspensión de los aumentos por el término de 3 meses, invocando principalmente esa irracionalidad y debiendo cumplir con la Constitución, ya que no contemplan la audiencia pública”.
Pérez Guillén explicó que “además se exige que no haya corte de servicios por el no pago y la devolución del dinero, a través de crédito, para las personas que lo hayan pagado nosotros fundamos muy bien esta presentación para discutir la irracionalidad, y otro tema que se discute en el mundo, en foros internacionales, que es la pobreza energética”.
Según el dirigente de la CTA, cuando las familias gastan más del 10 % de sus ingresos, solamente para su energía, están entrando en un estado de pobreza energética: “Acá nosotros vemos en promedio que estamos pagando por encima del 15% del salario en energía”.
El Secretario General Adjunto se quejó porque “dicen que el 400% de aumento en las tarifas es racional, pero si nosotros pedíamos más del 15% de aumento de salarios en paritarias era irracional. Acá hay un desconocimiento, impericia o un ajuste salvaje que está llevando a algo muy grave donde el problema de la calefacción en los sectores más vulnerables se paga con la vida o con enfermedades graves”.
“Estrictamente en lo judicial, el fallo pide trasladar a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para que resuelva el tema de fondo” explicó.
Finalmente aclaró que “el fallo incluye a todas las distribuidoras eléctricas provinciales y que actúen en la Provincia de Buenos Aires, ya sean cooperativas, de capitales privados o públicos”, con lo que estaría incluida la Usina de Tandil.
