Macri modificó la ley para facilitar la compra de tierras nacionales a manos extranjeras

Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales y elimina muchas restricciones para la venta de campos a extranjeros.

El jueves, el Gobierno modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había impuesto en diciembre de 2011.

Hasta ayer se fijaba en 15% el límite de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal, por parte de extranjeros. La defensa del suelo en el territorio nacional es una política estratégica en la consolidación de la soberanía y, por eso, la ley establece que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”

 

Mediante el decreto 820/2016, publicado en el Boletín Oficial el Gobierno Nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de «más del 51% del capital social de una persona jurídica». Esto cambia la norma que estaba vigente, en la que se definía como extranjero a quien sea titular de «un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)».

En el decreto, que lleva las firmas de Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, apuntó contra otro elemento clave de la ley: el que indica que los titulares extranjeros no podrán adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la denominada “zona núcleo”- la más productiva – y que está delimitada en “el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe”.

El decreto informa a las provincias para que en los próximos 30 días definan, en cada territorio, a cuanto corresponden esas «equivalencias» para determinar los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. De no hacerlo, la resolución del Gobierno advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales «fijará las equivalencias».

Este consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.

Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en «Zona Industrial», «Área Industrial» o «Parque Industrial».

El decreto indica que «dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados» en la Ley de Tierras Rurales.

Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que «en ningún caso» personas físicas o jurídicas «de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales».

 

Antecedentes de la Ley de Tierras sancionada en diciembre de 2011

En la Asamblea Legislativa del año 2011 la recientemente elegida Presidenta de la Nación para un segundo mandato, Cristina Fernández de Kirchner, había anunciado que enviaría al Congreso un proyecto de ley para Protección del Dominio de las Tierras Nacionales, y calificó a ese recurso, la tierra, como «indispensable y no renovable».

A fines de abril de 2011, cuando anunció el envío formal del proyecto al Congreso Nacional la ex Presidenta resaltó que se trataba de “una ley de pocos artículos que tiene por objeto conservar en el dominio nacional, no estatal, ya que es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de los que tienen capacidad para invertir y hacer producir la tierra».

Entonces la ex mandataria había detallado que en la norma se incluía la realización de un relevamiento nacional de la posesión de las tierras y la creación de «un registro único de tierras rurales», que permitiera tener «un cuadro de situación». «Tenemos un profundo de déficit de la información del estado dominial de las tierras rurales porque los registros de propiedad son provinciales», había advertido.

En esa línea aclaró que la sanción de la ley no afectaba los derechos adquiridos. «Quiero que quede claro porque, sino, sería cambiar las reglas del juego de aquellos que adquirieron las tierras de buena fe. Cuando resulte del catastro que supera el 20% no habrá cambios. Queremos ser un país serio, normal, y justamente un país es serio y normal cuando protege sus recursos naturales».

Según comentó, el límite al dominio extranjero es del 20% de la totalidad de las tierras nacionales y por la falta del relevamiento «no sabemos si está cumpliendo o si tiene excedente».

Redaccion

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